La intendencia de Libertador hace unos meses re-modelo la plaza central de la localidad azucarera. Esta remodelación saco del centro un homenaje a Olga Márquez de Aredez, impulsora de las Marchas del Apagón, y a los desaparecidos del departamento Ledesma, para ubicar las placas recordatorias y las baldosas con el dibujo del pañuelo de las madres en un lugar donde no se vean, ni tengan relevancia. El homenaje a la defensa de los derechos humanos está perdido entre los árboles, sin ninguna jerarquía dentro del cambio arquitectónico que tuvo lugar en la plaza. Literalmente los derechos humanos quedaron en un tercer o cuarto plano. Con esta restructuración la plaza central de Libertador, que fue conocida a nivel nacional e internacional como el lugar donde se manifestaban los organismos de derechos humanos en reclamo de justicia para las víctimas de la dictadura genocida, dejo de ser tal. Este “cambio” reaccionario se lo debemos al intendente Oscar Jayat.

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La re ubicación que llevo adelante el arquitecto y funcionario Rolando Flores bajo órdenes expresas del intendente no obedece a una cuestión meramente arquitectónica o azarosa, sino que se ajusta a una política consciente que también llevan adelante el gobierno provincial de Morales (UCR) y a la presidencia Macri (Cambiemos-PRO). Porque gobiernos que descargan el ajuste económico contra el pueblo trabajadores, como también la criminalización de la protesta y una mayor represión de las luchas obreras y populares, con el objetivo de aumentar las riquezas de las grandes empresas nacionales y multinacionales, quieren invisibilizar la lucha contra la impunidad de los empresarios genocidas, como Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos de Ledesma S.A.A.I., y por justicia para los compañeros detenidos y desaparecidos en la última dictadura.

Por eso no es casual que la intendencia que echó a un costado el homenaje a la Memoria, sea la misma que avaló la represión policial a los obreros azucareros de Ingenio Ledesma, quienes a mediados de Julio del 2016 reclamaban por un aumento salarial y mejoras en las condiciones laborales. El Intendente es tan Moralista que no dijo una palabra de la multa millonaria que el gobierno provincial quiere cobrarle al sindicato por no acatar la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo de Jujuy. Una sanción totalmente ilegal porque los trabajadores hicieron uso del derecho a huelga y antes de iniciar las medidas de fuerza ya habían acatado una conciliación obligatoria del Ministerio del Trabajo de la Nación.

Por su parte, la intendencia radical de Libertador en su afán de hacerle una "chapa y pintura" al centro del pueblo ingenio para contentar a los comerciantes y la clase media, base electoral histórica de la UCR, dejo de lado la resolución de problemas estructurales que están en la agenda de los sectores obreros y populares. Como ser la necesidad que tienen los barrios de un sistema de cloacas, pavimentación, iluminación y redes de gas natural, y el reclamo de los trabajadores municipales centrado en la exigencia del pase a planta permanente, para salir de una precarización que lleva décadas.

Vale decir, que los anteriores gobiernos de signo peronista (PJ) tampoco atendieron y resolvieron las demandas de la clase trabajadora de la zona, centradas en vivienda digna, trabajo genuino, pase a planta permanente y salario acorde al costo de vida de una familia tipo. Si concedieron alguna reivindicación social o laboral fue porque los de abajo se cansaron de esperar las soluciones de los de arriba y salieron a la calle a reclamar por sus necesidades insatisfechas. Tanto en el pasado como en la actualidad, la acción directa (huelgas, marchas, piquetes, acampes, asentamientos y hasta resistencias a las represiones) de los explotados y oprimidos fue clave para hacer cumplir parte de los derechos y lograr algunas de las reivindicaciones de clase obrera y el pueblo pobre de Libertador.

El culto a la fachada superficial y la defensa de una meritocracia de ingenieros y abogados, que lleva a que los concejales y funcionarios hayan llevado sus dietas de $22.000 a $35.000 y $40.000 mientras los empleados municipales precarizados de jornal completo cobran $8.000 y los de medio jornal $3.800, niega derechos humanos elementales como ser el derecho al trabajo genuino y a la vivienda digna. Demandas sociales no resueltas en un año de intendencia radical. Parafraseando un viejo slogan de campaña de un presidente neoliberal, podemos decir que la invisibilizaciòn del homenaje a la defensa de los derechos humanos, "Jayat la hizo".